COMUNICADO
“La vida humana es sagrada”
¡La muerte del indígena Salvador Franco no debe quedar impune!
Como cristianos, custodios de la vida y defensores de la dignidad humana, en el espíritu de las bienaventuranzas “dichosos los que tienen hambre y sed de justicia” (Mt. 5,6), nos pronunciamos dolidos e indignados, ante la muerte de nuestro hermano indígena Pemón, Salvador Franco, preso político del Ejecutivo Nacional, quien falleció este domingo 03 de enero de 2021, después de un largo período de agonía, en el cual los funcionarios responsables le negaron el acceso a la salud.
Nos solidarizamos con la comunidad Pemón y las familias de los 13 privados de libertad, especialmente con las mujeres quienes, como María Santísima, con el corazón traspasado por la espada de la injusticia, no se han despegado de la cruz: dignas y enteras luchando por la vida.
Salvador, junto a 12 compañeros de su etnia, fue detenido arbitrariamente y sin el debido proceso, por la Fuerza Pública en diciembre de 2019. Los abogados del Foro Penal y Amnistía Internacional, han indicado que los indígenas, “una vez detenidos”, fueron sometidos a cincuenta (50) días de incomunicación y aislamiento. De igual modo, han denunciado torturas y malos tratos a lo largo del proceso.
Con estos hechos, el Estado Venezolano, ha violado el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos donde se establece: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. Así como, también, se ha violado el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señalan que “nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Recordemos que la privación “formal” de la libertad de Salvador Franco y sus compañeros, fue decidida 11 meses después de su detención, el 27 de noviembre de 2020, cuando pasaron a juicio. No obstante, ya habían estado detenidos todos esos meses en condiciones deplorables que afectaron gravemente la salud del grupo de indígenas, en especial la de Salvador, al punto que en dicha fecha el tribunal ordenó su traslado médico, orden que jamás se ejecutó, ni por parte de la ministra de Asuntos Penitenciarios, ni del director del Centro de Reclusión del Rodeo II, ubicado en Guatire, Estado Miranda, donde se encontraba Salvador Franco detenido. Este último aspecto muestra la irresponsabilidad del Estado en cumplir con la obligación de garantizar el derecho de la salud a toda persona bajo su cuidado y tutela directa; esta negligencia trajo como consecuencia la muerte de Salvador Franco, violándose de esta manera, por parte del Estado Venezolano, el Derecho a la vida amparado en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice así: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, así como el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) donde se establece que “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad...”
De igual manera, coincidimos con Amnistía Internacional, al señalar que “los 13 indígenas pemones han sido procesados penalmente por un tribunal con competencia en terrorismo, sin apegarse a las disposiciones constitucionales y estándares de derechos humanos que indican la obligación de los Estados de respetar los sistemas de justicia indígenas cuando los delitos se hubiesen cometido en una comunidad indígena, como es el caso. El Rodeo II, lugar de detención dista unos 1.200 km desde Kumarakapay (San Francisco de Yuruani), la comunidad de origen, tal medida supone un obstáculo desproporcionado para que las personas indígenas privadas de libertad cuenten con insumos mínimos durante su reclusión tales como: alimentos, agua, enseres de aseo personal, ropa, entre otros, que no son proporcionados en la actualidad por las autoridades venezolanas. En particular, la distancia impide que exista algún tipo de acceso a las condiciones de vida apropiadas a su cultura”.
Por todo lo supra mencionado, exigimos:
1. Un chequeo médico de base a los doce (12) indígenas pemones detenidos para constatar su estado de salud y poder dar la asistencia médica adecuada y oportuna.
2. Que las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela agilicen el juicio correspondiente garantizando a los 12 indígenas el debido proceso y un trato digno y, cuanto antes, sean retornados a sus comunidades de origen.
3. Que se realice una investigación exhaustiva y objetiva que lleve a determinar quiénes son los auténticos responsables de los hechos acaecidos en diciembre de 2019.
4. Que se juzgue a los responsables de la muerte de Salvador Franco y que los poderes públicos competentes asuman su corresponsabilidad por acción u omisión en este injusto crimen.
Todo esto lo proclamamos en el espíritu de Nuestro Señor Jesucristo, quien “pasó por la vida haciendo el bien” (Hch. 10,38); y nos dice: “Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia” (Jn. 10, 10) porque “El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar los corazones quebrantados; a pregonar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos; y a poner en libertad a los oprimidos” (Lc. 4,18); y, en sintonía con el mensaje del Papa Francisco, en la Jornada Mundial del enfermo 2020: “La vida es sagrada y pertenece a Dios”.
En Caracas, Venezuela a los 06 días del mes de enero de 2021.
+ Comisión de Justicia Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana
+ Red Eclesial Panamozónica Venezuela (REPAM)
+ Vicariato Apostólico del Caroní
+ Departamento de Misiones, indígenas y Afroamericanos (DEMIS CEV)
+ Consejo Misionero Nacional (COMINA)
+ Conferencia Venezolana de Religiosas y Religiosos (CONVER)
+ Consejo Nacional de Laicos de Venezuela
+ Fundación Centro Gumilla.
+ Red de Acción Social de la Iglesia (RASI)
+ Universidad Católica Andrés Bello.
+ Centro Monseñor Arias Blanco de la Arquidiócesis de Caracas.
+ JRS Venezuela
+ Red de Casas Don Bosco.
+ Vicaría Episcopal de los Derechos Humanos de la Arquidiócesis De Caracas.
+ Fundación ITAKA
+ ARCORES de Venezuela
+ Grupo Social CESAP
+ Directora AVESSOC y Parque Social Santa Inés
+ Casa Hogar Virgen de los Dolores